El Instituto de Derechos Humanos del Colegio de Abogados y Procuradores de Salta se muestra profundamente preocupado e indignado ante los graves hechos ocurridos recientemente en la Alcaidía General Nº 1, como así también frente a las respuestas insuficientes e inadecuadas brindadas por los operadores jurídicos y las autoridades competentes.
A raíz del siniestro producido, varias personas privadas de la libertad alojadas en dicha dependencia, presentaron lesiones de gravedad. Según trámites y constataciones del Comité de Prevención de la Tortura (CPT) la celda afectada era capaz de albergar ocho personas y albergaba a veinticinco internos, lo que significa una sobrepoblación del 212.5 %; además, la sobrepoblación es generalizada en toda la unidad: la Alcaidía cuenta con capacidad institucional para 350 personas y mantiene actualmente una población de 590 internos, lo que implica un exceso de ocupación del 68.57 % y confirma grave vulneración de derechos fundamentales.
Tal como ha sido reiteradamente advertido por organismos de derechos humanos y entidades estatales de control, este lamentable episodio pone de manifiesto la afectación de múltiples derechos de las personas privadas de libertad, entre ellos el derecho a la salud, a la educación, a la integridad personal y, de manera especialmente preocupante, el derecho a no ser sometido a tratos crueles, inhumanos o degradantes.
Resulta de extrema gravedad y contrario al plexo constitucional y convencional vigente que la mayoría de las personas afectadas se encuentren bajo prisión preventiva, sin condena firme, desnaturalizando el carácter excepcional que debe regir toda medida cautelar.
El Instituto insta a las autoridades competentes a abordar esta problemática con la máxima urgencia y diligencia, garantizando el cumplimiento de las medidas necesarias para preservar la seguridad y la integridad física y psíquica de las personas privadas de libertad. Asimismo, exhorta a que se arbitren los mecanismos adecuados para asegurar el acceso efectivo a medidas reparatorias frente a los daños sufridos por acción u omisión del Estado. El Instituto de Derechos Humanos reitera su compromiso con el seguimiento constante de la situación carcelaria y de defensa de los derechos humanos, manteniéndose atento a las acciones y medidas que se adopten a raíz de estos graves sucesos
