El Colegio de Abogados y Procuradores de la Provincia de Salta expresa su profunda preocupación y enérgico rechazo institucional frente a la regulación de honorarios efectuada en una resolución judicial de fecha 13 de octubre de 2026, mediante la cual se fijó la suma de $7.503 a favor del Dr. Marcelo Medina por su labor profesional en un proceso de ejecución de honorarios.
Una regulación de semejante entidad no puede pasar inadvertida ni ser naturalizada por quienes tenemos la responsabilidad de defender la dignidad del ejercicio profesional.
Los honorarios de los abogados tienen carácter alimentario. No son una dádiva o un reconocimiento simbólico. Son el fruto de nuestro trabajo.
Detrás de cada actuación judicial existen años de formación, estudio, responsabilidad profesional, tiempo invertido y obligaciones que los abogados debemos afrontar para ejercer nuestra profesión.
Por ello, consideramos que una regulación de apenas $7.503 resulta manifiestamente insuficiente y profundamente preocupante, pues pone en evidencia una desproporción entre el reconocimiento económico otorgado y la dignidad que merece el trabajo profesional.
Ninguna interpretación normativa debería conducir a la naturalización de remuneraciones que, por su insignificancia económica, terminan desvalorizando el ejercicio de la abogacía.
La aplicación de la ley no puede desentenderse de la realidad económica ni de la finalidad esencial de los honorarios: retribuir de manera justa y razonable el trabajo realizado.
Resulta especialmente preocupante que sea dentro del propio sistema de administración de justicia donde se establezcan retribuciones de esta naturaleza.
Los abogados somos actores indispensables para garantizar el acceso a la justicia y la tutela judicial efectiva. Nuestra labor merece respeto y una remuneración digna.
No reclamamos privilegios. Reclamamos que nuestro trabajo tenga valor.
Como institución, no podemos permanecer indiferentes frente a decisiones que afectan la jerarquía de nuestra profesión y que, de reiterarse, podrían consolidar criterios de regulación incompatibles con una retribución profesional razonable.
El respeto entre la magistratura y la abogacía debe ser recíproco. Así como los abogados respetamos la función jurisdiccional, exigimos que el trabajo profesional sea valorado con la seriedad y dignidad que merece.
Una justicia que no reconoce dignamente el trabajo de los abogados debilita a uno de sus pilares fundamentales.
Detrás de cada expediente hay un profesional que trabaja con la responsabilidad que asume y una familia que depende de ese trabajo.
Los honorarios dignos no son un privilegio. Son un derecho y para eso está nuestro Colegio, para estar presente, para alzar la voz y para defender a cada colega cuando mas lo necesita.
