El Colegio de Abogados y Procuradores de Salta manifiesta su preocupación en torno al proyecto de ley propuesto por la Corte de Justicia mediante Acordada N° 14.107, por considerar que el mismo podría vulnerar garantías y principios constitucionales fundamentales.

La exigencia de un depósito previo de 12 IUS para acceder al recurso de queja ante la Corte provincial representa un obstáculo económico que dificulta gravemente el acceso a la justicia para amplios sectores de la población, en eventual contradicción con lo establecido en tratados internacionales de derechos humanos con jerarquía constitucional, a saber, como el Pacto de San José de Costa Rica.

Si bien es razonable que se impongan límites a presentaciones infundadas, las que conspiran con la celeridad y eficacia de la justicia, consideramos que imponer esta barrera económica del justiciable podría derivar en un trato desigual injustificado según la condición económica de las personas, afectando el principio de igualdad ante la ley.

Por otra parte, creemos oportuno ponderar la delicada situación económica y social que atraviesa nuestro país y provincia donde un gran número de personas se encuentran en condiciones de vulnerabilidad económica.

Valoramos los esfuerzos por dotar de mayor celeridad y eficiencia al servicio de justicia, pero desde el Colegio de Abogados y Procuradores de Salta instamos a una revisión detenida del proyecto a fin de salvaguardar el pleno e irrestricto acceso a la misma para todas las personas por igual, sin distinciones discriminatorias de ningún tipo.

Informamos, además, que remitiremos una comunicación formal a los presidentes de las Cámaras de Diputados y Senadores de la Provincia de Salta solicitando tener intervención en el debate en comisiones de este proyecto.

Reiteramos nuestro compromiso con la defensa de los derechos y garantías constitucionales, pilares fundamentales del Estado de Derecho.

Atte.
Consejo Directivo del Colegio de Abogados y Procuradores de Salta