El Instituto de Derechos Humanos del Colegio de Abogados, se solidariza con las personas detenidas durante la manifestación del doce de junio en inmediciones del Congreso de la Nación. Asimismo, expresa su repudio por el uso desproporcionado y arbitrario de la fuerza pública (a cargo de la Policía Federal y de la Policía de CABA), con portación de armas de fuego pese a estar prohibido, despliegue de camiones hidrantes, gases y disparos de balas de goma, provocando lesiones en más de doscientas personas.
Consideramos que las imputaciones de delitos graves a los manifestantes,como
delitos contra la seguridad pública (art. 189 bis CP), incitación a la violencia colectiva en contra de las instituciones (art.212 CP), organización o pertenencia a agrupaciones que tengan por objeto imponer sus ideas o combatir las ajenas por la fuerza o el temor (art. 213 bis CP), delito contra los Poderes Públicos y el Orden Constitucional (art. 226 CP), y la solicitud de la prisión preventiva, tiene como fin la persecución y el amedrentamiento como medidas disciplinantes a quines en el futuro quieran manifestarse.
Confome a los estándares internacionales y nacionales que rigen en la materia,
la regla general de los procesos penales debe ser la libertad de la persona siendo que la aplicación de la prisión preventiva tiene un carácter excepcional y debe satisfacer los principios de legalidad, presunción de inocencia, necesidad y proporcionalidad.
El Estado tiene la obligación de respetar y garantizar las manifestaciones o
reuniones, el derecho a la libertad de expresión y de peticionar a las autoridades, así como asegurar todo el amplio plexo de los derechos humanos en un contexto de protesta
social.