DECLARACIÓN DEL COLEGIO DE ABOGADOS DE SALTA Y COMSIÓN DE DERECHOS HUMANOS
El Colegio de Abogados y Procuradores de Salta, a través de su Comisión de Derechos Humanos, ante los gravísimos hechos de público conocimiento vinculados a la situación de la comunidad Wichi del Paraje de Alto la Sierra, expresa su total preocupación y enérgico repudio por la actitud pasiva, negligente y discriminatoria de los organismos y funcionarios del Estado Provincial.
Preocupa que ante un hecho tan grave, tengamos un Estado ausente y apático, que pretende reaccionar a casi 7 meses de lo sucedido y debido al estado público del caso. El Gobierno parece olvidar que es él quien debe actuar como garante del respeto a la dignidad de las personas, de su integridad sexual, salud, garantizar un desarrollo pleno de la niñez, brindar justicia, respetar la vida de todos y en especial de los sectores vulnerables, derechos que han sido violados también por el propio Estado Salteño atento su inacción, negligencia y falta de responsabilidad. Obsérvese que hablamos de una niña que forma parte de un conjunto de personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad ante el Estado, el colectivo de personas y a la que se le restringe el acceso a la justicia, encontrándose sus derechos amparados por Convenciones y Tratados con jerarquía constitucional como son la CDN, la Convención de discapacidad, C169 OIT, Convención Belem do Pará, y ley 26.061.
Es importante destacar que la referencia a la re-victimización y abandono por parte del Estado no alude únicamente a los organismos administrativos y de Gobierno (Ministerio de primera infancia, Instituto Provincial de Pueblos Indígenas de la Provincia de Salta, Instituto Nacional de Asuntos indígenas, Ministerio de salud, Ministerio de DDHH y Justicia, etc), sino también a los encargados de administrar Justicia (Funcionarios y Magistrados del Poder Judicial y Ministerio Público) cuya actuación y desempeño en el caso ha sido preocupante, más allá de sus desafortunadas declaraciones.
Ha quedado en evidencia la inexistencia de Políticas Públicas cuando de sectores marginales se trata, en especial en lo atinente a comunidades aborígenes. Necesitamos funcionarios competentes para adoptar conductas comprometidas con los Derechos Humanos, y capaces intelectual y moralmente para hacer efectiva las sanciones a los responsables de cualquier violación u omisión a las normativas internacionales.
Por todo instamos para que el Estado Provincial, Poder Judicial y Ministerio Público tome las medidas pertinentes, sancionando a los funcionarios que no actuaron con la premura y compromiso que la situación ameritaba. Asimismo exhortamos a una correcta asignación de presupuesto y fondos indispensables para que se hagan efectivos los derechos bajo los cuales se encuentran amparados las mujeres, niños y adultos mayores de nuestra Provincia.
