El Consejo Directivo del Colegio de Abogados y Procuradores de Salta y el Consejo de Administración de la Caja de Seguridad Social de Salta, hacen conocer a la sociedad en su conjunto y a sus matriculados, su profunda preocupación institucional por la paralización injustificada del servicio de justicia, tanto del Poder Judicial como del Ministerio Público, con el consiguiente abandono e indefensión de los derechos de miles de ciudadanos.
La protección del estado de derecho implica el funcionamiento real, pleno e íntegro de todos sus poderes, y hasta el día de la fecha, no hemos podido evidenciar iniciativas que nos permitan inferir que en el corto plazo se modifique el estado actual y constante de “feria judicial extraordinaria”, que, para entendimiento de todos, consiste sólo en el tratamiento de aquellas causas que selectivamente fueron consideradas urgentes por los Jueces intervinientes. Hay que destacar también que en las ferias judiciales no trabajan todos los juzgados, sino un porcentaje mínimo, con personal reducido y atención restringida.
No se debe olvidar que detrás de cada expediente hay una persona, un trabajador o una familia que reclama el reconocimiento de algún derecho y para esa persona su trámite también es esencial, es urgente.
No pretendemos exponer a nadie a peligro alguno, como falsamente han querido hacer parecer algunas instituciones con interés directo en la continuación de la situación de hecho. A lo largo de estos seis meses la abogacía realizó distintas propuestas y colaboró activamente con todas las medidas de bioseguridad que se establecieron para el ingreso a los tribunales, como ser, la toma de temperatura, alcohol en gel en las manos, distanciamiento, cámaras sanitizantes, barbijo obligatorio. Incluso toleramos que nuestros escritos o expedientes sean recibidos bajo sospecha de covid, detrás de ventanas de acrílico y colocados en bolsas durante cinco días “hábiles”, porque para la justicia el virus permanece en los papeles por días hábiles y no corridos y todo ello como medida de protección al personal del juzgado y para minimizar las posibilidades de contagio.
El hecho que este fin de semana el Gobierno provincial haya levantado las restricciones para los profesionales liberales, haciéndose eco de nuestro reclamo, no brinda solución completa a la Abogacía organizada ni garantías de que la justicia se restablezca, ya que dependemos también del Poder Judicial para que la misma sea efectiva, lo que expone en nuestro caso, que estamos ante profesionales de primera y segunda clase, con el consiguiente privilegio de un sector que percibe sueldos con fondos públicos y sin obligación de prestar servicios en este contexto.
Pretendemos el restablecimiento pleno y efectivo del servicio de Justicia, que todas las causas iniciadas continúen su curso normal y que se puedan ingresar otras nuevas sin impedimento alguno.
Lo cierto es que necesitamos el expediente digital en forma inmediata, para lo cuál se han obtenido cuantiosos fondos, pero que a esta altura resulta un anhelo y que está lejos de concretarse. Y además que se garantice la conectividad en todas las circunscripciones judiciales en el corto plazo. Doblemente padecen esta deficiencia los abogados y ciudadanos del interior, quiénes ante la falta de herramientas tecnológicas que debería proveer la Justicia, se encuentran vulnerados en sus derechos como justiciables, y en el caso del profesional de la Abogacía del derecho a trabajar.
Pero mientras tanto, que se adopten todas las medidas sanitarias que sean necesarias para resguardar la salud de todos los trabajadores, ciudadanos y abogados en un esquema de trabajo que podría ser semi presencial, escalonado, con horarios diferenciados, incluso activando la ley de subrogancias y convocando a los abogados litigantes a que reemplacen a aquellos magistrados incluidos en los grupos de riesgo y que sabemos por todo este tiempo no van a poder regresar a sus funciones.
Entendemos que el contexto de pandemia ha colocado en situación de crisis a la totalidad de las instituciones, no obstante ello, se hace necesario recuperar al máximo posible una nueva normalidad institucional, y para ello es que nuevamente nos ponemos a disposición, como siempre lo hemos estado, para colaborar en lo que sea necesario y trabajar conjuntamente no sólo con las máximas autoridades del Poder Judicial y Ministerio Público, sino también con los magistrados, funcionarios y empleados.
Solo pedimos empatía con aquellas personas que reclaman sus cuotas alimentarias, sus indemnizaciones laborales, sus prestaciones por accidentes de trabajo, para aquellos que sufren de violencia familiar, que son víctimas de otros tipos de delitos o para los que están injustamente privados de su libertad, entre otros muchos casos que se podrían enumerar.
Asimismo, instamos al Poder Ejecutivo y al Legislativo Provincial a que intervengan activamente como protagonistas para resolver este reclamo, y se garantice a la ciudadanía, al justiciable y a toda la abogacía, el pleno e irrestricto ejercicio y goce de derechos y garantías constitucionales, única manera de asegurar el restablecimiento de las instituciones republicanas, y sobre todo de una Justicia plena e íntegra que satisfaga sin discriminación los reclamos de la sociedad.
Ante la preocupante situación que atraviesa a nuestra sociedad, sumada a las decisiones adoptadas por el Poder Judicial y Ministerio Público de la provincia que afectan a todos los ciudadanos, consideramos necesario hacer público el reclamo en defensa de las instituciones democráticas, del Estado de Derecho y del acceso a la justicia.
A nuestros matriculados y afiliados, queremos agradecerles el acompañamiento, el cuál no debe menguar ni dispersarse, para que el reclamo sea escuchado, siendo todos juntos protagonistas de este momento histórico, ya sean marchas, pedidos o reclamos ante los órganos que correspondieren. Debemos trabajar más unidos que nunca en defensa del estado de derecho, la ciudadanía y de nuestros propios derechos.
Este reclamo sólo encontrará respuesta cuando se garantice el efectivo y real restablecimiento del servicio de justicia, único resguardo de igualdad y seguridad del ciudadano.
La lucha continúa con una Abogacía litigante unida y de pie.
SIN ABOGADOS NO HAY JUSTICIA.
SIN JUSTICIA NO HAY ESTADO DE DERECHO.
LA JUSTICIA DEBE FUNCIONAR EN FORMA PLENA.
LA ABOGACIA Y LA JUSTICIA SON ESENCIALES.
Consejo Directivo del Colegio de Abogados y Procuradores de Salta y el Consejo de Administración de la Caja de Seguridad Social de Salta
FIRMA ESTA PETICION EN DEFENSA DEL ESTADO DE DERECHO – EL ACCESO A LA JUSTICIA Y LA DIGNIDAD PROFESIONAL
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