COMUNICADO DEL COLEGIO DE ABOGADOS Y PROCURADORES DE LA PROVINCIA DE SALTA En razón de haber tomado estado parlamentario seis proyectos de ley, en el marco de la denominada “Democratización de la Justicia”, el Colegio de Abogados y Procuradores de la Provincia de Salta se dirige a sus matriculados, comunidad y particularmente a nuestros representantes legislativos en el Congreso Nacional, a fin de hacer conocer su opinión institucional, respecto de una temática que reviste trascendencia para la República y el Estado de Derecho. La reforma proyectada es de vasto alcance para el Poder Judicial de la Nación y debe ser el fruto del más amplio consenso y no el resultado de una circunstancial mayoría automática en el Congreso Nacional. Entendemos que el tratamiento de estos proyectos debió darse con la convocatoria de todos los sectores involucrados en la actividad judicial. En concreto, criticamos que la abogacía organizada fue nuevamente relegada en las decisiones que afectaran directamente el ejercicio profesional y de la magistratura. Si bien nuestra institución comparte la necesidad de mejorar el funcionamiento de la administración de justicia, entiende que dicha tarea debe hacerse extensiva a los tres poderes del estado, ya que cuestionar únicamente al Poder Judicial, el que debe protegerse sin concesiones de cualquier embate político partidario, significa menospreciar la magistratura y la honra de ejercerla. Si se pretende democratizar la justicia, nuestros representantes deberían comenzar justamente por instalar el diálogo y confrontar ideas, sin subestimar las críticas de sectores opositores, puesto que la verdadera democracia protege y respeta las opiniones políticas de las mayorías y de las minorías. En lo que respecta a los seis proyectos remitidos por el Poder Ejecutivo Nacional al Congreso, nuestra institución encuentra serios reparos a tres de los mismos, uno destinado a regular las medidas cautelares contra el Estado, otro relativo a la creación de Cámaras de Casación para revisar las sentencias de los tribunales nacionales y federales de segunda instancia y un tercero que modificará la composición y funcionamiento del Consejo de la Magistratura de la Nación. Los dos primeros proyectos comprometen seriamente las garantías del debido proceso e igualdad ante la ley resguardados por la Constitución Nacional. El tercero, la independencia del Poder Judicial de la Nación y el equilibrio que debe guardar su integración. Entendemos que la nueva conformación del consejo de la magistratura, su forma de elección, y la posibilidad que por simple mayoría pueda acusarse y enjuiciarse a un magistrado, son criterios opuestos al espíritu que tuvieron en miras los Convencionales Constituyente de 1994 en su creación, pudiendo afianzarse una posible corporación política partidaria dentro del Consejo de la Magistratura, situación que pone en evidente riesgo la independencia judicial. La elección a través del voto popular de los representantes de los abogados, magistrados y académicos, significará la pérdida de la independencia de sus miembros, a quienes se le generará un compromiso político con el partido que los proponga, encontrándose los jueces electos en una situación que violentaría su autonomía de ideas debido a la vinculación directa a un partido político. En lo que respecta a la creación de Cámaras de Casación en cada uno de los fueros, entendemos que se genera una nueva e innecesaria instancia judicial alargando aún más los procesos judiciales. Esta situación encuentra mayor fuerza cuando analizamos que dichas cámaras tendrán competencia laboral y previsional, prolongando las tramitaciones judiciales que deben afrontar los ciudadanos comunes ante organismos tales como ANSES. La regulación de las medidas cautelares con el aparente fin de limitar los plazos judiciales traen una evidente desigualdad de las partes en los procesos, conculcando garantías constitucionales de ineludible cumplimiento. Estas reformas deben ser impulsadas teniendo en miras el mejoramiento de la justicia, la custodia de los intereses del Estado y los derechos de todos los ciudadanos, nunca como medidas apresuradas en contra de un grupo económico o de poder. Creemos estar ante un conflicto donde aparentemente prevalece el interés general, pero que será coincidente con los intereses del partido gobernante, en perjuicio de los ciudadanos cuyos derechos han sido violados por el Estado. Nos encontramos inmersos en una lucha de poder donde el principal perjudicado es el pueblo argentino. Una vez más por decisiones políticas e intereses de diversos sectores se pone en tela de juicio innecesariamente la independencia, transparencia e imparcialidad del procedimiento de selección de los magistrados, siendo más grave aún las mayorías establecidas para acusar y enjuiciar a los mismos. Como ya lo expusiera nuestro Colegio de Abogados y Procuradores de Salta, luego de haber convocado al Debate a nuestros representantes legislativos – en un hecho casi sin precedentes en la Provincia y a nivel Nacional- instamos a perfeccionar y democratizar los tres poderes del estado, donde el sistema posibilite el acceso a la magistratura a quienes gocen de independencia política, sectorial o grupal, siendo ajenos a toda subordinación funcional o temor reverencial, sumada a la necesaria idoneidad técnica, excelencia profesional y compromiso con la democracia y derechos humanos, en orden a desterrar el deterioro y retroceso institucional en el que nos vemos sumidos. Consejo Directivo Colegio de Abogados y Procuradores de Salta
