Ante el proyecto de ley aprobado recientemente en Diputados, y que amplía el número de jueces de la Corte de Justicia de la Provincia, el Colegio de Abogados y Procuradores considera como un imperativo ético e institucional emitir su opinión al respecto, teniendo en cuenta que la modificación propuesta se refiere al funcionamiento de la cabeza de uno de los poderes del estado que, conforme el art. 153 de la Constitución Provincial, tiene como misión fundamental, ser el intérprete final en el ámbito provincial de la Constitución Nacional y Provincial.
Corresponde aclarar que la Institución no ha sido tenida en cuenta para emitir una opinión previa respecto de la modificación, no obstante que el art. 132 incisos 5 y 8, de la Ley 5412, establecen que son “deberes” del Colegio “bregar por la buena administración de justicia, proponiendo las medidas que juzgue indispensables” y “colaborar en estudios, informes, proyectos y demás trabajos que los poderes públicos le encomienden, sean o no a condición gratuita, referidos a la abogacía, a la ciencia del derecho, a la investigación de instituciones jurídicas y sociales o a la legislación en general”.
La consulta previa de los actores sociales hubiera contribuido al Dialogo Social, ya que representamos a los justiciables ante los Tribunales a diario, y conocemos los padecimientos de ésta, y posibles soluciones.
La posibilidad de ampliar el número de jueces o juezas de Corte podría ser interpretado como un fortalecimiento de la Justicia, pero en el contexto actual, existen otras prioridades, incluso en el ámbito de la justicia.
Así podemos señalar porque no poner en práctica la Cámara Contencioso Administrativa, la creación de Cámaras de Apelaciones Civiles, Comerciales y Familia con asiento en los Distritos del Interior, tanta veces postergado, la construcción de una ciudad judicial en Orán, la creación de tribunales en el interior, implementación del sistema iurix para el interior e incluso en tribunales con asiento en la capital, por nombrar algunos.
Pero en lo particular, el fundamento esgrimido para defender la modificación fue la necesidad de dotar de eficacia y celeridad a la justicia para responder a la demanda de la sociedad , ante un retado y morosidad de la Corte y Justicia en general, pero no se hicieron conocer estadísticas en el debate legislativo, algo que esperábamos , es decir conocer la cantidad de causas que ingresan y esperan resolución en la esfera extraordinaria del máximo Tribunal.
Más importante y trascendental es debatir que jueces o juezas queremos o pretendemos, quienes pueden proponerlos, su mandato, su idoneidad, y demás temas que seguramente se realizarán en una próxima reforma constitucional.
Otro debate que va a enriquecer la Justicia que pretendemos es la excesiva concentración de las facultades de la Corte, hoy preside el Tribunal Electoral, preside el Consejo de la Magistratura, controla disciplinariamente a los jueces y juezas a través de Superintendencia, dirige una Escuela de la Magistratura, es decir tantas tareas o facultades concentradas que obviamente implican tiempo que se lo quita a su tarea esencial, administrar justicia.
La cuestión de la división en salas, ya existe en la ley Orgánica y solo funcionó del 83 al 90, por lo que no es obstáculo para una mayor eficiencia, cuando en algunas provincia funcionan salas con menos miembros.
Preocupante además es que se haya expresado una supuesta búsqueda de paridad de género y que en el proyecto nada se dice. El proyecto debió decir claramente que “Cualquiera sea su número, la composición de la Corte deberá respetar la paridad de género, entendiéndose por tal a la integración con mujeres en un 50%, como mínimo. El género estará determinado por su documento de identidad independientemente de su sexo biológico.”
Por otra parte, se ha expresado en distintos medios, que además seria acentuar la carrera judicial, lo que es más preocupante, partiendo a priori que los más capacitados o capacitadas para la Corte serían los funcionarios judiciales. Un atropello de tal magnitud que impide el acceso a quienes conocen con igual o mayor profundidad el ámbito de la justicia, los y las litigantes, y que violenta el principio de igualdad ante la Ley.
Consejo Directivo del Colegio de Abogados y Procuradores de Salta
